El titular de la Defensoría del Pueblo, Carlos Bermúdez, recomendó al gobierno santafesino que optimice los controles sobre el uso de plaguicidas en la provincia y que adopte medidas para subsanar la ineficiencia de recursos humanos destinados al control y eficaz cumplimiento de la ley de agroquímicos.

La decisión del ombudsman fue plasmada a través de un dictamen que prevé notificar al gobernador de la provincial, Jorge Obeid, y a los funcionarios santafesinos que deben ocuparse del tema, para proteger la salud humana de los pobladores rurales y el medio ambiente.

La medida surgió después de analizar los trabajos y reclamos elevados por el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) -una organización no gubernamental que lidera la campaña Paren de Fumigar- y denuncias de casos puntuales como la realizada en septiembre del año pasado sobre la utilización de niños banderilleros en Las Petacas.
En ese sentido, Bermúdez dijo: “A raíz de esas manifestaciones pedimos un informe a la Secretaría de Agricultura, que evidenció que los recursos humanos de la Dirección de Sanidad Vegetal son insuficientes“.
Y agregó: “Hay sólo seis inspectores para toda la provincia y cada año se incrementan las hectáreas sembradas. Así es imposible realizar controles eficientes y es fácil que se cometan irregularidades como el paso de aspersores por zonas urbanas, fumigaciones aéreas muy cerca de las poblaciones y el uso indiscriminado de agroquímicos“.
El dirigente ambientalista Leonardo Álvarez, uno de los impulsores de la investigación sobre los niños banderilleros, se mostró conforme por la medida de Bermúdez, y fue más allá al indicar que “además del bajo número de inspectores, los que trabajan actualmente son ingenieros agrónomos que están a favor de los productores“.
En ese sentido, manifestó: “Sólo se ocupan de minimizar los reclamos de la gente y poco les interesa la salud de la población, a pesar de que muchas veces los autoconvocados de Las Petacas los acompañamos a constatar irregularidades y les presentamos pruebas de muchas otras“.
Según señala en su dictamen la Defensoría del Pueblo, “existen solamente seis inspectores, que además deben cumplir tareas administrativas, de divulgación y capacitación”, un dato que para el Cepronat resulta “alarmante, dada la enorme superficie agrícola de la provincia de Santa Fe y la tendencia a aumentarla e intensificarla”.