El gobernador Hermes Binner firmó ayer el decreto de adhesión al fondo creado por el Gobierno Nacional para enviar a las provincias parte de lo que recauda en concepto de retenciones a las exportaciones de soja. El mandatario santafesino desde un primer momento vio con buenos ojos la recepción de esos mayores recursos, pero antes de firmar quiso conocer la opinión de los sectores políticos, de la producción y el trabajo para legitimar su postura que, ahora, lo hicieron ratificar su determinación.

La adhesión explícita de la provincia al Fondo Federal Solidario era una condición necesaria para poder participar de la distribución de esos recursos, que entre los cálculos más optimistas indican alrededor de 500 millones de pesos para distribuir en todo el territorio: 70 por ciento para la provincia y 30 por ciento para los municipios y comunas.
El decreto de adhesión, firmado por el gobernador Hermes Binner, y refrendado por los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, y de Economía, Ángel Sciara, considera que el gobierno de la provincia de Santa Fe está comprometido con un proceso de cambio y mejora de las condiciones sociales de vida de sus habitantes en razón de la eminente dignidad de la persona humana (artículo 7º de la Constitución Nacional) objetivo que se vería comprometido si la provincia renunciara a la obtención de fondos que se generan en nuestro territorio con el esfuerzo de sus productores y permitiera acrecer a otras provincias hermanas.
“El gobierno de Santa Fe está comprometido con un proceso de cambio”, dijo el mandatario.
El Fondo Federal Solidario, creado por el Poder Ejecutivo Nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia, tiene por finalidad contribuir al reparto de recursos de origen federal para refuerzo de los presupuestos destinados a infraestructura en las provincias y en cada uno de los municipios de aquéllas que adhieran, señala la norma.
Dicho fondo está compuesto por el 30 por ciento de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba en conceptos de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados.
Asimismo, las sumas que se perciban serán destinadas a la ejecución de obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.
El fondo será distribuido en forma automática entre sus únicos beneficiarios, esto es, las provincias que adhieran por medio del Banco de la Nación Argentina y los municipios de las provincias adheridas, concurriendo éstas según los porcentajes adjudicados a cada una de ellas por la Ley 23.548 y sus modificatorias, estableciendo un derecho de acrecer en caso que haya provincias que no adhieran al decreto, indican los considerandos.

Según indica el decreto, “los municipios y comunas podrán adherir hasta el día 13 de abril, estableciéndose que ante la falta de adhesión, el resto de los municipios y comunas acrecerá en proporción a su porcentaje de coparticipación en el total”. Además, la medida comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia”.
Asimismo, el decreto sostiene que “la provincia controlará la transparencia en la utilización de las remesas mediante el sistema previsto en la ley 12.385 (de Obras Menores) y sus normas reglamentarias” y al efecto dispone la apertura de una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina.
También, desde la Casa Gris se recordó que la adhesión al fondo creado por el Gobierno Nacional fue debatida la semana pasada durante una reunión convocada por el gobierno con las principales instituciones de la producción y el trabajo, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y presidentes de comuna de la provincia.
En la oportunidad, los representantes de distintos sectores plantearon, en un clima de asamblea, sus puntos de vista sobre el tema, proponiendo algunos la aceptación bajo protesto y otros el rechazo de la adhesión.
Durante el encuentro el gobernador Binner manifestó la decisión política de adherir al fondo, ante la necesidad de movilizar la economía, aunque aseguró que no resuelve el conflicto del campo.
Los municipios y comunas de todo el territorio podrán adherir hasta el 13 de abril
En ese sentido, el gobernador aseguró que Santa Fe seguirá batallando por la quita de las retenciones a la producción agropecuaria, porque estimamos que en 180 días podríamos generar una reactivación de la economía, ya que aquí no hay un problema de falta de liquidez sino de confianza. Hay grandes posibilidades de movilizar la economía si hay seguridad jurídica, afirmó. Somos la única provincia que tiene un programa para el campo, no hay otro proyecto, aseguró.

Ley provincial

Por la crisis, se podrían reprogramar obras públicas

El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia, Antonio Ciancio, previó un inminente recorte de gastos en su cartera debido al impacto que tendrá en Santa Fe la crisis económica. Así lo indicó el funcionario del Frente Progresista al anunciar una nueva red cloacal en el centro geográfico de la ciudad de Rosario.
En ese marco, Ciancio manifestó que con motivo de la crisis financiera tendrá que disminuir gastos administrativos y también habrá que reprogramar las obras proyectadas para este año. En declaraciones radiales, el ministro también habló de 2009 muy difícil pese a contar con el presupuesto provincial aprobado.
La crisis va a impactar y se van a tener que tomar medidas, dijo el funcionario y añadió: Seguramente las obras van a tener que ser reprogramadas, sin abandonarlas. Además se van a realizar recortes en los viáticos, se congelarán los sueldos de los funcionarios y va a haber bajas en el uso del teléfono.
Seguramente las obras van a tener que ser reprogramadas, sin abandonarlas.
Los dichos del ministro santafesino ya se habían escuchado, en boca de varios dirigentes del oficialismo, durante la discusión del presupuesto 2009 en la Legislatura. Tanto en la Cámara de Diputados como en la del Senado miembros del Frente Progresista señalaron que están proyectadas decenas de obras en el territorio, que son necesarias, pero que la prioridad del gasto público se la llevan la educación, la salud y la alimentación. Además, Antonio Ciancio dijo que la medida ??en caso de concretarse?? obedece a una cuota de responsabilidad” por parte del gobierno provincial.
La semana pasada, el senador provincial socialista, Juan Carlos Zabalza, expresó que hay obras que son más necesarias que otras, y que son ésas las que no se paralizarán; tanto para mantener la mano de obra como para mejorar la calidad de vida de los santafesinos.
Por otra parte, el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente se reunió en Cañada de Gómez con autoridades locales y representantes de las vecinales de la zona sur de esa ciudad, movilizados por la paralización de las obras de protección contra inundaciones a cargo del Gobierno Nacional. En ese sentido, dijo que se acordó junto a los vecinos y a las autoridades municipales profundizar el reclamo en forma conjunta para que el Gobierno Nacional retome los trabajos.

Con el aval K