La Cámara de Senadores aprobó en la noche de este miércoles por unanimidad y giró a Diputados el proyecto oficialista de seguridad vial que declara la emergencia caminera en todo el país y contempla la creación de una agencia nacional que procura reducir los altos índices de mortalidad en las rutas argentinas.
La presidenta Cristina Fernández fundamentó el pedido de establecer una política de Estado permanente en el objetivo de reducir en un 50 por ciento la cantidad de víctimas en cinco años, en un mensaje al Congreso.
La propuesta contempla la creación de un nuevo registro de conductor de orden nacional, un Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito y la aplicación de un sistema de licencias por puntaje o «scoring».
La iniciativa establece una prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a la vera de los caminos, por cuanto el alcohol es considerado como uno de los factores de mayor incidencia en los accidentes camineros.
Masacre en los caminos
En el último año, 8.104 personas han muerto en las rutas y caminos por accidentes de tránsito, lo que lo convierte en la cuarta causa de muertes en el país y, según las estadísticas de organizaciones sociales, casi la mitad de los fallecimientos se produjeron como consecuencia del consumo de alcohol.
La iniciativa oficial propone la constitución de un Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial y de un Observatorio de Seguridad Vial.
El senador Roberto Fabián Ríos afirmó que el artículo más conflictivo fue retirado del proyecto de ley a pedido de la presidenta Cristina Fernández porque, dijo, «el Gobierno quiere la aplicación inmediata de la norma y evitar discusiones que puedan afectarla».
El legislador precisó que la intención del oficialismo es mantener la imposición del 1 por ciento de los seguros automotores para financiar el sistema.
Sin embargo, debido a las objeciones que habían anunciado la oposición, el texto será restablecido durante el debate que se dé en Cámara de Diputados y luego llegará al Senado para su tratamiento en revisión.
Mediante este método, el gobierno espera recaudar unos 70 millones de pesos anuales, aunque son necesarios 100 millones para instalar radares, aparatos de computación y otros adelantos necesarios para hacer funcionar el sistema, porque deberá apelar a fondos del Tesoro Nacional, al menos en los primeros años.
Potenciar los esfuerzos
El oficialista Ríos y el radical Alfredo Martínez coincidieron en remarcar la importancia de la centralización del dictado de estrategias y políticas de control en un organismo único, la Agencia Nacional.
Por su parte Samuel Cabanchik, de la Coalición Cívica, consideró que es proyecto «es insuficiente, pero es bueno para comenzar y hay que celebrarlo», mientras el cordobés Carlos Rossi señaló que uno de los mayores problemas nace del «estado calamitoso de las rutas».
El socialista Rubén Giustiniani advirtió sobre la posibilidad que el financiamiento mediante un impuesto sea finalmente pagado por los usuarios de las compañías de seguros.
El fueguino del ARI, Carlos Martínez, sostuvo que el deterioro de los caminos provenía del cambio operado en el transporte desde la década de 1990, con la eliminación de los trenes y el gran incremento del transporte por camiones.
El titular de la UCR, Gerardo Morales, elogió la actitud del bloque oficialista de retirar el artículo que aludía al financiamiento, «porque hubiera creado muchos flancos» a la iniciativa y adelanto el voto favorable de su bancada a la consideración en general de la norma.
El titular del bloque oficialista, Miguel Pichetto, dijo que los problemas de infraestructura vial «vienen de 40 años» y que desde el 2003 el gobierno nacional invirtió 25.000 millones de pesos en reparación de rutas y recuperó Vialidad Nacional».