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Una quita nominal del 66%, la obligación de que los inversores privados aporten fondos para aliviar los vencimientos de la deuda los próximos tres años y un sólo bono (Discount 2033) a cambio de los títulos viejos: ésos son los principales ingredientes del menú del nuevo canje de la deuda que intentará concretar el Gobierno antes de fin de año. Para el Estado, la emisión del nuevo bono representará una erogación de unos 6600 millones de dólares.

Fuentes que participan de la confección de esta reapertura, que no es presentada como tal por el Gobierno, sino como «una propuesta que llegó de un grupo de bancos», dijeron que esperan una aceptación superior al 50% entre los bonistas que siguen en default.
De esta manera, se lograría sumar un 87% de aceptación entre el canje del 2005 y esta segunda etapa, desmejorada para no perjudicar a los que aceptaron la primera oferta. A diferencia de aquel canje, éste no incluirá el bono Par, que hace tres años estuvo destinado a los inversores minoristas.
La clave para explicar esta distinción es que los bancos que presentaron esta nueva oferta, Barclay?s, Citi y Deutsche Bank, se comprometier on a acercar al menos US$ 10.000 millones de los fondos de inversión de Estados Unidos cansados de litigar sin mucho éxito en los tribunales de Nueva York.
Esos inversores quieren bonos con descuento, que podrían comercializarse a 32 dólares por cada 100 (frente a los 27 que cotizaban ayer).
La aceptación podría ascender a US$ 15.000 millones si la presidenta Cristina Kirchner tiene éxito mañana en convencer en Nueva York a su par italiano, Silvio Berlusconi, de sumar a los aguerridos bonistas italianos (quienes tendrían en su poder cerca de US$ 4000 millones) y que ayer manifestaron rechazo (ver Página 7).
La cifra se acerca a los US$ 21.000 millones de capital de bonos en default (US$ 14.000 millones vencidos y US$ 7000 millones por vencer), pero está lejos de los US$ 31.000 millones a los que se llega sumando capital e intereses.
Entre los «castigos» que incluye esta oferta, que podría quedar inaugurada en diciembre para quedar abierta por uno o dos meses, los intereses atrasados no se pagarán en efectivo sino también con un bono Discount.
Además, no se considerarán los pagos por el cupón ligado al crecimiento ligado al PBI realizados en 2006 y 2007. Los bonos cuasi par, destinados a las AFJP en la propuesta que llevó adelante el equipo del ministro Roberto Lavagna hace tres años, tampoco figurarán en esta propuesta, que comenzó a gestarse hace unos meses y que quedó adormecida con la crisis política provocada por el enfrentamiento entre el campo y el Gobierno.
La «novedad» que tiene el plan, que deberá pasar el filtro del Congreso, es el compromiso de fondos nuevos que figura en la carta firmada ayer por Juan Bruchou (Citibank), Marcelo Blanco (Deutsche Bank) y Roberto Helbling (Barclays) en el despacho del jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien contó con la asistencia del secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino.
Así, por cada US$ 1000 de deuda en default canjeada el inversor deberá suscribir US$ 250 de un nuevo bono a 10 años que pagará una tasa máxima de 12,4% anual. Las autoridades económicas calculan que si entraran US$ 10.000 millones en el canje se sumarían unos US$ 2500 millones adicionales por esta otra ventanilla, que permitirían descomprimir los fuertes vencimientos de la deuda del año próximo.
De hecho, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, afirmó ayer que «con estos recursos se cierran las necesidades financieras del año próximo».
La cuenta de los funcionarios es que en 2009 los vencimientos llegan a US$ 17.000 millones, a pagar de la siguiente manera: US$ 11.000 millones con los recursos del superávit primario, US$ 6000 millones con colocaciones dentro del sector público, US$ 3500 millones por estos «fondos frescos» recién mencionados y el ahorro generado por la refinanciación de unos US$ 4000 millones en préstamos garantizados.
El canje de los PG, que están en poder de los bancos, se haría por un título a 5 años con tasa Badlar en pesos para los acreedores locales y con un Discount 2033 para los extranjeros. De todos modos, en este último caso, las autoridades deberán ingeniarse para saltear el embargo parcial trabado por el juez de Nueva York Thomas Griesa sobre el bono Global, que actúa como garantía de los PG en el exterior.
Sobre un stock total de US$ 14.000 millones, los funcionarios aspiran a poder canjear unos US$ 8000 millones en préstamos garantizados.
Con orgullo los funcionarios comentaron que el Estado no les pagará comisión a los bancos que traigan a los inversores, sino que los bonistas le pagarán a las entidades un 0,5% del monto canjeado, «por lo cual el Gobierno se ahorrará US$ 1500 millones».