Las versiones indican que el Ejecutivo analiza crear la Junta Nacional de Granos, un organismo disuelto por Cavallo en 1992. La comercialización de las cosechas del país representan unos US$ 20 mil millones anuales.
El titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati (foto), advirtió que «nacionalizar» la comercialización de granos equivaldría a poner en marcha un instrumento como la Resolución 125, lo cual generaría un «importante conflicto».
Como si faltaran pocos ingredientes en la interminable pelea entre el Gobierno nacional y el campo, las versiones sobre una posible estatización del comercio de granos, que representa unos 20 mil millones de dólares anuales, terminó de poner en pie de guerra a las entidades agrarias y a los exportadores, que rechazan de plano esa posibilidad.
La versión, por ahora no desmentida por el Gobierno, señala que se analiza transformar la ONCCA en una Junta Nacional de Granos, el organismo que intervenía en el comercio de granos y que fue liquidado por Domingo Cavallo en 1992.
Incluso, los más audaces hasta deslizaron que el anuncio formaría parte del discurso que la presidenta Cristina de Kirchner dará mañana por cadena nacional, al inaugurar la Asamblea Legislativa.
Durante la jornada de la víspera, los exportadores deliberaron en la sede de la Bolsa de Cereales y sondearon sus pocas líneas de llegada al gobierno para testear la verosimilitud de las versiones que iban y venían.
Esas versiones fueron alentadas también por el duro ataque del Gobierno nacional contra los productores que mantienen retenidas unas 9 millones de toneladas de soja.
Sobre la posible medida, Omar Barchetta, secretario gremial de Federación Agraria Argentina (FAA), dijo que «poner instrumentos de intervención en el comercio de granos en manos de este Gobierno es un despropósito».
También alertó que quizá se trate de una forma de «presión para obligar a los productores a comercializar el grano a precios que se les ocurra, pero no tiene ningún sentido».
Biolcati advirtió que, de concretarse este proyecto, no habría conversaciones el próximo martes para cuando está previsto un nuevo encuentro de la Mesa de Enlace con los ministros del Interior y Producción, Florencio Randazzo y Débora Giorgi.
Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) rechazaron cualquier «posible estatización del comercio granario», porque lo considera «un pernicioso retroceso en la actividad comercial sectorial».
El titular de Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, dijo que «existe preocupación», pero que van a esperar a «ver qué dicen los ministros el próximo martes».
Buzzi admitió que «hasta ahora se ha demostrado que, si hay una vocación que tiene este Gobierno, es la de perjudicar a los pequeños y medianos productores».
Igual, el titular de la Federación Agraria sostuvo que la antigua «Junta de Granos jamás perdió plata y fue uno de los instrumentos que ayudó mucho a los productores a defender los precios en la década del 80 y del 70 principalmente».
Pero sostuvo que «una cosa es eso, un instrumento para ayudar a defender el precio de los productores, y otra cosa muy distinta es una estatización del comercio de granos en un Estado que está administrado hoy por quienes no gozan de confianza de los productores agropecuarios».
Por su lado, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Marío Llambías, dijo que medidas de esta naturaleza «han fracasado siempre», y ahora lo volverá a hacer «por el grado de corrupción que hay en el país».
Llambías dijo que, si se avanza en la nacionalización de los granos, continuará «con los bancos y otras economías del país», con la idea de «estatizar todas las fuentes de ingreso» posibles.