Así lo indicó el ministro de la Producción, Juan José Bertero. Un fallo de la Justicia santafesina aceleró la necesidad de evaluar el impacto ambiental y sanitario de productos como el glifosato.
A mediados de marzo se conoció que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe ratificó el fallo de un tribunal inferior en el que se dispuso la prohibición del uso de glifosato en la ciudad de San Jorge para las áreas periurbanas en un radio de 800 metros. Además, la Justicia ordenó que el gobierno provincial y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, «que los agroquímicos no son dañinos para la salud«.
En ese marco el ministro de la Producción de Santa Fe, Juan José Bertero, contó que la próxima semana se reunirá con el fiscal que interviene en la causa iniciada por vecinos sanjorgenses –después de una larga lucha contra el glifosato y el endusolfán– para comenzar a trabajar sobre el tema y también se establecerá contacto con la UNL para definir qué estrategia se implementará al momento de hacer los estudios que solicitó la Justicia.
El funcionario manifestó que desde el Estado santafesino se aportará toda la información existente y la que pueda llegar a generar una comisión interministerial conformada por las áreas de Salud; Trabajo y Seguridad Social; Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, y Producción. Además, se invitará a participar al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y se incluirá el material que generó una comisión especial creada por la Presidenta de la Nación en enero de 2009 para que investigue el impacto en la salud y en el medio ambiente de los agroquímicos.
“Nosotros creemos que ese instrumento hay que incorporarlo, porque para esa tarea la Presidencia de la Nación convocó a una serie de instituciones y eminencias a nivel nacional, del mundo de la universidad y del Conicet”, manifestó Juan José Bertero. Sin embargo, hay grupos ambientalistas que ya se quejaron de las conclusiones que esa comisión dio a conocer porque fueron demasiados condescendientes con productos como el glifosato y el endusolfán.
Con respecto a los límites impuestos por la Justicia para la aspersión y fumigación con agrotóxicos sólo en San Jorge, el ministro de la Producción explicó que no hay una prohibición del uso del glifosato sino que se amplía a 1.800 metros la zona –de lo que es el casco urbano de la ciudad– para agroaplicaciones aéreas y 1.000 metros para las aplicaciones terrestres.
Al respecto, recordó que según la ley vigente son los municipios y comunas de toda la provincia de Santa Fe los que deben demarcar “su línea agronómica”, es decir, determinar desde qué lugar empiezan las zonas periurbanas (es una franja de límites imprecisos en la que se mezclan usos del suelo y formas de vida propias del campo y de la ciudad, como espacios para la agricultura y la industria, entre otros).
Municipios y comunas en mora
“Hasta que no haya una ley que no diga lo contrario es responsabilidad de los gobiernos locales y en la provincia sólo un poco más de un tercio de municipios y comunas tiene definida a su línea agronómica, por lo tanto se hace muy difícil tomar las denuncias”, dijo el titular de la cartera productiva.
—¿Esto quiere decir que muchas veces los municipios y comunas y los ingenieros agrónomos hacen la vista para otro lado en lo que tendría que ser la verdadera ejecución del uso de productos agroquímicos?
—En la línea agronómica la autoridad de aplicación son los municipios y comunas, y en el caso de San Jorge era un municipio que no tenía demarcada esa línea de aplicación. Es por eso que exhorto a los intendentes y jefes comunales a trabajar en ese sentido. En cuanto a las aplicaciones (de agroquímicos), ya sea por tierra o aire, quien las haga y no tenga la receta firmada por un ingeniero agrónomo está incumpliendo la ley y son pasibles de denuncia.
“Hacia futuro lo que nosotros estamos procurando es mejorar la acción de prevención y de policía, porque todo en estos momentos está centralizado en el Ministerio de la Producción. La idea es firmar acuerdos con colegios profesionales, para atenuar las aplicaciones sin recetas y los depósitos de agroquímicos en ámbitos urbanos, que está prohibido.
—¿La aplicación con glifosato sería razonable si se respetan las delimitaciones o directamente estamos hablando de productos tóxicos que tendrían que ser suspendidos?
—Desde la perspectiva de la ley, de la cual somos autoridad de aplicación, el glifosato está dentro de los productos de la zona verde –menos tóxico– y no habría problemas de aplicación. El ministerio (de la Producción) no es autoridad de aplicación para hacer un estudio y determinar si ese producto realmente está en la zona verde o no.
“Políticamente la respuesta de la utilización de agroquímicos es una cuestión que va de la mano con la productividad del territorio y nos interesa tener una producción sustentable, por lo tanto habrá que hacer aplicaciones de productos recomendados de baja toxicidad y de la manera que se lo recomienda. Hoy es imposible pensar un aumento de productividad de la cuestión granaria si no va de la mano con este tipo de aplicaciones”, agregó Bertero.
—¿A qué conclusión llegó esa comisión que conformó la presidenta Cristina Fernández el año pasado?
—En realidad no hay conclusiones contundentes desde el punto de vista de que hay una variable, que es la variable tiempo, para determinar recién en el mediano y largo plazo qué es lo que ocurre. Por lo pronto, indican que no hay impacto ambiental en la utilización del glifosato. Se habla sí de las prevenciones que tienen que tener los trabajadores y las áreas delimitadas de aplicaciones, y dejan un espacio para seguir investigándolo. O sea no hay un fallo o dictamen que diga que no se puede aplicar o sí se puede aplicar, habla de aplicaciones con precauciones.