Mientras pasan las horas, más se sabe. Porque habría sido una acción cargada de buena fe por parte de muchos de los vecinos involucrados en la apropiación ilegal de tierras y serían responsables de muy pocos que buscaron un beneficio económico principalmente.
Desde el despojo clandestino de tierras en el Barrio La Orilla, que hoy se traduce en un intento, dado que todos los vecinos ayer habían abandonado el lugar, hasta la fecha la policía sigue actuando y el accionar del gobierno municipal tiene el evidente respaldo del Ministerio de Seguridad de la Provincia y la acción de la Justicia.
Lo que al parecer pretenden todos es saber «quienes son los instigadores» que aparentemente engañaron a los usurpadores.
Un dato es interesante de ver. El 75% de los ocupantes ilegales son menores que van desde los 16 hasta los 25 años. El resto, muy pocos son de edad intermedia.
Algunos de estos mayores incluso, se dice en el Barrio La Orilla, tiene propiedades.
Otro hecho extraño es que figuraría en una lista que maneja la policía y la Justicia así como las autoridades municipales es que existe un menor de apenas 16 años.
¿Estas son las personas que necesitan tomar tierras para tener vivienda? se pregutan todos.
Lo tremendo de todo ésto que es la mayoría de la gente habría ido engañada.
Y eso surgiría de las propias declaraciones de los ocupantes, de sus familiares o de personas que habrían participado en reuniones de organización y reparto de lotes.
Una cosa sería certera y es que los investigadores judiciales ya tendrían claro donde habrían sido las reuniones y ahora se llamaría a declarar a los involucrados, porque serían pasibles de estar involucrados en acciones ilegales y pasibles de sanciones judiciales.
Muchos de ellos tienen beneficios sociales, participan en planes y reciben asignaciones o beneficios por parte del Estado, que se verían afectados en caso de ser procesados por la Justicia. El tema no es menor también en posibles beneficios para los que los tienen, porque son carentes y es previsible que eso suceda.
Esto, de ser procesados, podría implicar serios inconvenientes, para estas personas que se sospecha fuertemente, habrían sido engañadas y ésto se puede leer claramente en sus edades.
Fuentes directas comentaron a cronistas de este medio el mismo rumbo que tomaría la investigación policial y judicial: «a mi me dijeron que las tierras nos serían donadas luego de ocupadas y que en 30 días tendríamos los papeles para que nos hagamos nuestra casita».

La historia que nos contaron

Varias personas, que quieren mantenerse anónimas por el momento coincideron en darnos una versión. La que no estaría ajenas a las investigaciones judiciales.
Un «Señor Ki»- cuyos datos filiatorios reservamos por respeto a la legalidad habría afirmado días pasados ante vecinos que esos terrenos les eran propios mediante una tramitación legal y los quería dar en donación.
Que en corto plazo vendría un familiar directo de la familia de quien fuera en vida un médico que se inmoló por los carentes dándoles su vida, Esteban Laureano Maradona, para cumplir los pasos legales, quien sería el propietario y que se los cedería.
Lo que habría manifestado «El Señor Ki» -quien manejaría dos automóviles de marca que comienzan con la letra «S»- a un grupo de vecinos con necesidades habitacionales es que necesitaba unas 20 o 30 familias que los acuparen.
Esto habría tenido apoyode otro vecino muy conocido en el barrio.
Pero se sostiene que la maniobra era poner personas a las cuales se les podría comprar luego el terreno, sin papeles y de forma clandestina, a precio vil, para luego revenderlo en un precio muy superior, en la misma forma.
Por éso señalamos en edición anterior que existirían dos vertientes en el caso.
Lo primero es que mucha gente inocente, con necesidades habitacionales engañada sin saber que podría cometer un delito grave.
Lo segundo que habría instigadores interesados en cometer acciones que podrían certicarse como delictivas- muy común en otras provincias, como en el conurbano de Buenos Aires- en caso de certificárse lo que dice mucha gente, que ya ha sucedido en tomas anteriores, con personas que compran uno de estos lotes a precio vil y que los revenden a otros a un valor varias veces superior.
Lo que quiere la Justicia, el Ministerio de Seguridad de la Provincia, el gobierno municipal, la policía entre otros, y la sociedad en su conjunto, es la verdad de lo que acaeció. Y si existen instigadores, es que salgan a la luz.

Rumores no son noticias

Una definición sobre periodismo profesional señala taxativamente: «El rumor no es noticia».
Puede resultar interesante en el periodismo de espectáculos o algunos pueden usarlo para hacer su negocio periodístico, pero, más allá de lo interesante que resultan para la charla en la oficina o en el café, no pertenecen al periodismo profesional.
En la ciudad hay muchos. Uno de ellos es que hay actores políticos detrás.
En todos los testimonios recogidos en la calle, entre los actores principales de los hechos, no consta por el momento que eso sea cierto o posible de comprobar.
Seguramente si existiera esta instigación a cometer delito, lo deben decir la policía y la Justicia dado la gravedad que ello significaría para la ciudad.

Un hecho raro

Todos los actores que participan del hecho que se investiga en la Justicia indican algunas cosas extrañas, como por ejemplo, la presencia de automóviles «nuevos» en el día y minutos antes de la toma ilegal de tierras, descargando pack de bebidas gaseosas de la marca «Coca Cola».
Una marca que si bien es popular, no suele ser la que más beben los vecinos del lugar, generalmente las gaseosas que se consumen son de marcas inferiores en precios como la «Manaos» por citar un ejemplo.
«Mucha gente actuó de buena fe, e incluso con ignorancia» nos dicen muchos vecinos. Y un hecho lo certificaría: cuando la policía fue a tomar nota de quienes eran les dieron sus nombres, apellidos y hasta DNI y lugar donde moran en la creencia, muchos de que el relevamiento les serviría para que les dieran el terreno. El 75% de estos vecinos tienen menos de 25 años. Hoy pueden ser investigados, procesados y penados con un delito pasible de sanción de entre los seis meses y tres años de prisión.

Fuente El Colono del Oeste