Aproximadamente 50 intendentes, presidentes comunales, legisladores, concejales y representantes de usuarios de localidades del sur y centro provincial se reunirán hoy en Rosario para adherir a la presentación del recurso de amparo ante los Tribunales Federales que pide la suspensión del cobro del denominado «impuestazo al gas natural por redes«. Los mandatarios, legisladores y representantes de los usuarios y del comercio ofrecerán, a las 10.30, una conferencia de prensa en un bar de la ciudad de Rosario. También se dirigirán a los Tribunales Federales para adherir y respaldar el recurso de amparo ya interpuesto por la Unión de Consumidores, delegación Santa Fe.
Movilización y protesta
Carlos Torres, intendente de Firmat, y Osvaldo Salomón, presidente comunal de Chabás, serán algunos de los mandatarios que participarán de esta particular movilización que, en cierto modo, continuará el jueves en Chabás con una asamblea durante la que se organizará una jornada de protesta que incluirá cierre de comercios y movilización y que también apuntará contra los aumentos de la electricidad.
Los impulsores de la protesta emitieron un informe que clarifica sobre las características del que denominaron impuestazo: «Ante la llegada en las facturas del gas en redes, de aumentos de casi el 400% es oportuno aclarar ??indican?? que los incrementos responden al cargo que fija el decreto 2.067/08, con una suba que oscila entre el 260 y el 340% para quienes consumen más de 1.500 metros cúbicos (categorías R3-3 y R3-4), hasta el 31 de agosto de 2009, pero advierten además que para quienes consumen más de 1.000 metros cúbicos (categorías R3-1 y R3-2), la suba se cobrará a partir del 1º de septiembre».
Además señalan que a esto hay que sumar «el incremento por mayor consumo del Programa de Uso Racional de la Energía».
En el documento de los intendentes y presidentes comunales se destaca: Cinco provincias ya obtuvieron un recurso de amparo de la Justicia federal y suspendiendo el cobro del cargo de hasta el 400% al gas. También lo lograron ciudades como Escobar y Mar del Plata».
Asimismo manifestaron que el decreto es inconstitucional porque al tratarse de un impuesto debió ser «tratado y aprobado por el Congreso de la Nación».