La Cámara de Diputados dio anoche sanción definitiva al proyecto de ley con el cual el Gobierno busca blanquear divisas no declaradas en el país mediante la implementación de dos bonos y un pagaré para financiar la industria petrolera, infraestructura y la actividad inmobiliaria.
El proyecto, que fue aprobado la semana pasada en el Senado, fue aprobado por 130 votos afirmativos del oficialismo y sus aliados, contra 107 negativos de las bancadas anti-K, y corrió la misma suerte en la votación del articulado, tras casi doce horas de debate.
Durante la sesión, desde la oposición se fustigó la iniciativa oficial con argumentos de que el blanqueo implica un reconocimiento “del fracaso de la política económica“ del Gobierno y que favorece “el lavado de dinero“, entre otras cuestiones.
En tanto, desde las filas kirchneristas se quejaron por lo que consideraron “agravios“ vertidas en las críticas de las bancadas anti-K e indicaron que la norma busca provocar un “shock de inversiones“.

Distintas voces

Al cierre, el jefe del bloque oficialista, el santafesino Agustín Rossi, cruzó a la oposición al indicar que “no pueden entender la épica“ del oficialismo “ni la defensa con convicción de un gobierno“, al tiempo que defendió la ley al diferenciar entre “dinero negro y dinero sucio“ porque, dijo, lo que se busca con ella es captar fondos provenientes de “negocios lícitos“ que por determinadas razones fue sacado del circuito. Pero rechazó la posibilidad de que se abra las puertas “al dinero sucio“ que surge de actividades ilegales, como “la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas“ y demás.
Su colega el radical, Ricardo Gil Lavedra, calificó a la ley como “inequitativa, como todo blanqueo“ e “irritante cuando los trabajadores están financiando por la inflación al Estado“, y advirtió que “solo puede atraer a los grandes delincuentes“. Además, indicó que la medida demuestra que “la economía está estancada, no está en crecimiento“ y que en realidad ôes un manotazo de la peor calaña, es un manotazo a dinero sucio, a dinero ilegal“.
Antes, su par de Unidad Popular, Claudio Lozano, expresó que el blanqueo es “una verdadera norma de excepción“ y dijo que con ella el Gobierno no asume “el momento en el que estamos“, producto de que se “está desarticulando el régimen de política económica que se puso en marcha a partir de la salida de la convertibilidad“.

Lo que dice la norma

La ley autoriza al Ministerio de Economía a emitir el llamado «Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)» y «el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico», en valor dólar, destinados «exclusivamente, a la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos».
Además, habilita al Banco Central a poner en circulación el «Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN)», en dólares y endosable, «como un medio para la cancelación de obligaciones» en la referida moneda extranjera.

Contra el “lavado”

Al inicio, el presidente de la comisión de Presupuesto, Roberto Feletti, había defendido la iniciativa al indicar que el objetivo es inversiones en el sector energético, la construcción y el inmobiliario, y aseguró que «en ningún momento suspende las normas sobre lavado de dinero».
Explicó que «el único beneficio“ a otorgar a quienes «exterioricen» capitales es la «exención impositiva», pero aclaró que una vez ingresados esos fondos al «circuito bancario formal, las instituciones financieras de Argentina tienen la obligación de aplicar íntegramente la normativa de lavado de dinero».
A su turno, el vicepresidente de la misma comisión, el radical Miguel Giubergia, recordó que es la «segunda vez» que durante el gobierno K se trata «un proyecto de blanqueo de capitales» y dijo que el propuesto «es un chiste de mal gusto, para los argentinos que cumplimos y respetamos la ley».
El peronista disidente Eduardo Amadeo dijo que la propuesta «reconoce el fracaso del modelo económico y el fracaso total de la política energética kirchnerista» y destacó que «Argentina y Corea del Norte son los dos únicos países en el mundo que se niegan a pedir financiamiento».
La socialista Alicia Ciciliani había indicado que su sector no busca «una devaluación brusca que perjudique la producción y el empleo», como los acusa el oficialismo, pero instó a frenar «el avance de la economía del delito con una política del Estado como políticas públicas y estrategia global de la región».
El cívico Alfonso Prat Gay, en tanto, reseñó que «el Gobierno dispuso otro blanqueo cinco años atrás con pobres resultados“ y el que el actual no puede ser defendido por el oficialismo “en forma sólida“ porque “discrimina a la moneda local y le da privilegios al que tiene dólares en negro»; mientras su ex jefa política, Elisa Carrió, alertó que implica ôun mecanismo de elusión fiscal terrible“.
El macrista Federico Pinedo, en tanto, había dicho que el Gobierno abre el blanqueo porque «se ha producido una caída en las reservas del Banco Central y estos dólares de delincuentes y evasores le va a servir para diluir esta caída», y para el peronista disidente Felipe Solá, «un blanqueo es un blanqueo, le pongan el título que le quieran poner» y dijo que significa «una aflojada absolutamente ética» del gobierno que contradice «al meneado tema del peso en la Argentina».

Fuente El Litoral